medidas judiciales

El Ayuntamiento incorpora a la asociación ‘Nueva Opción’ en las tareas con menores sometidos a medidas judiciales.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado hoy el convenio de colaboración a suscribir con Nueva Opción Asociación de Daño Cerebral Adquirido, que se suma a las labores de ejecución de medidas judiciales de menores para la prestación de servicios y tareas socioeducativas, que el Ayuntamiento lleva a cabo en este mismo campo con la colaboración de Cruz Roja, Fundación ADSIS (Centro de Día Taleia), Iniciatives Solidaries y AMALTEA.

Se trata del primer acuerdo con esta organización, cuya colaboración se concretará en favorecer el cumplimiento y ejecución de las tareas impuestas desde las instancias judiciales a los menores. Según establece la Ley Reguladora de la Responsabilidad Penal de Menores, los Jueces de Menores pueden acordar la prestación de servicios en beneficio de la comunidad, así como la realización de tareas socioeducativas por parte de las personas de 14 a 18 años de edad que hayan cometido delitos o faltas considerados como tales por el Código Penal. Además, la Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunitat Valenciana afirma la competencia de las Entidades Locales para ejecutar las medidas judiciales impuestas a menores.

El Convenio a firmar con Nueva Opción tendrá una duración de un año a partir de la fecha de su formalización, prorrogable hasta un máximo de cuatro y, al igual que los otros convenios suscritos para esta finalidad, su ejecución no comporta gasto alguno para el Ayuntamiento de Valencia.

Por otra parte, la Junta de Gobierno Local ha aprobado también hoy la primera prórroga del convenio de colaboración suscrito con Cáritas Diocesana para el desarrollo del Programa Municipal de Atención a Personas Sin Techo. El anterior acuerdo con esta entidad se firmó en el año 2008 y, más tarde, en 2012 se firmó el que ahora se prorroga, manteniéndose tanto el contenido como la cuantía, que asciende a 106.266,33 € al año.

El programa tiene como finalidad dar respuesta a las personas que se encuentran en situación de exclusión, sin hogar localizado, a quienes se ofrece acogida, atención y valoración psicosocial individual, y derivación en su caso a los recursos más idóneos. Para el desarrollo de la iniciativa, Cáritas Diocesana de Valencia aporta dos trabajadores sociales a jornada completa, que prestan servicio en el CAST, en tareas de calle, y en la vivienda tutelada con capacidad para 8 personas, que gestiona un educador apoyado por un equipo de voluntarios.

Finalmente, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el pago de las certificaciones finales de la construcción del centro social Patraix, en cumplimiento de lo acordado por la Junta de Gobierno Local el pasado 26 de abril. De este modo se cumple la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Valencia, estimatoria del recurso interpuesto por la empresa adjudicataria (BM3 Obras y Servicios) contra la imposición de dos penalidades por incumplimiento en la ejecución del contrato de obras de dicho centro.

De acuerdo con esta sentencia, se aprueba también la anulación de las sanciones impuestas mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 24 de febrero de 2012 por los importes de 170.412,30 € y 52.795,56 €. El Ayuntamiento debe abonar en concepto de la Certificación Final de la Obra Centro Social Patraix un total de 71.681,58 €.

Fuente: http://www.elperiodic.com/valencia/noticias/245689_ayuntamiento-incorpora-asociacion-%C2%91nueva-opcion-tareas-menores-sometidos-medidas-judiciales.html
 
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